Por Marcos Ongini* (MuHLI)

Tras las manifestaciones sociales del 19 y 20 de diciembre de 2001, que tuvieron como protagonistas a los sectores medios y populares de las principales ciudades del país, el presidente Fernando De la Rúa renunció, luego de dos años de gobierno.  Su salida dejó como saldo 39 muertos por la represión, una crisis social y económica con índices de pobreza y de desocupación inéditos y una crisis de representatividad política e institucional, que perduró hasta 2003.

Estos hechos constituyeron un importante punto de ruptura en la sociedad argentina, propiciando el cierre de un ciclo de 25 años de un modelo económico neoliberal, que tuvo sus inicios con la llegada de la última dictadura cívico-militar y se profundizó con los gobiernos democráticos de Menem y de la Alianza.

La trama del neoliberalismo en la Argentina

Pensar en las características de la crisis de 2001 y su magnitud, nos obliga a analizar el modelo político y económico que la produjo, el cual tuvo inicio a partir del 24 de marzo de 1976. El neoliberalismo surgió como oposición al Estado de bienestar (1). Hasta mediados de la década del ‘70, el régimen de acumulación del capital estuvo basado en la producción industrial, donde el Estado actuaba como garante de las relaciones sociales entre el capital y el trabajo, cuyos ejes de acción fueron la industrialización por sustitución de importaciones, la distribución progresiva del ingreso, la organización sindical de los trabajadores/as como eje ordenador de su política y la ampliación de los derechos sociales de la ciudadanía.

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional impuso un nuevo patrón de acumulación, llamado de valorización financiera, el cual restringió la intervención estatal y desreguló los mecanismos de control sobre el mercado financiero. Su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, fundamentándose en el agotamiento del modelo sustitutivo, la crisis fiscal y la ineficiencia estatal para resolver estas problemáticas, basó su política económica en los preceptos neoliberales: eliminación de mecanismos de protección de la industria nacional, apertura de las importaciones de bienes y servicios, congelamiento de salarios, sistema de devaluación programada, especulación financiera (Ley 21.526 de entidades financieras) y endeudamiento externo.

De esta manera, el principal objetivo del plan económico de la última dictadura fue disminuir el costo de producción. Para ello, se necesitó reducir salarios, eliminar o mitigar la legislación protectoria del derecho de los/as trabajadores/as, fragmentar la organización sindical y política y desarticular cualquier forma de resistencia y protesta (2). Según el economista Eduardo Basualdo se puso en marcha una “revancha clasista” (3) contra la clase trabajadora mediante la represión, la tortura y la desaparición de personas (4), dirigida por grupos económicos locales ligados a la oligarquía terrateniente e industrial y organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con la restauración democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que afrontar una doble crisis: por un lado, la del régimen político institucional y, por otro, la del modelo económico instaurado por la dictadura (exorbitante endeudamiento externo, crisis fiscal e hiperinflación). En el plano social, las huelgas, movilizaciones y saqueos a centros comerciales del ’89 precipitaron la salida del gobierno radical antes de lo establecido.

La hegemonía neoliberal en la década del ´90

La primera medida importante del gobierno de Carlos Menem fue la promulgación de la Ley de Reforma del Estado, implementando una profundización del modelo económico neoliberal basado en el Consenso de Washington. La privatización de empresas estatales y los fondos de pensión y jubilación fueron acompañados por una apertura desregulada de las importaciones de bienes y servicios y capitales financieros, la concentración oligopólica del sector productivo privado nacional y la fuga de capitales financieros al exterior.

A su vez, se aplicó el Plan de convertibilidad monetaria impulsado por el ministro de Economía Domingo Cavallo y las renegociaciones de la deuda externa con el FMI. La clase media de la sociedad argentina apoyó las medidas. Si bien en un principio, estos sectores fueron beneficiados por la política monetaria, pronto comenzaron a visibilizar los efectos devastadores en términos sociales y culturales: desocupación, pobreza, el surgimiento del movimiento de desocupados/as y piquetero.

Sumado a los hechos de corrupción, la política de “reconciliación” con los militares responsables del terrorismo de Estado y la frivolidad con la que la clase dirigente se mostraba en los medios masivos de comunicación, el descontento social no se hizo esperar. Las manifestaciones populares estallaron en Santiago del Estero (1993), Cutral-Có (1996) y Tartagal (1997), mientras se conformaba una convergencia política de amplios sectores.

Fue así que la Alianza ganó las elecciones presidenciales en 1999 poniendo fin al gobierno menemista pero continuando con el modelo neoliberal, que agudizó la crisis social con el recorte salarial del 13%, el sostenimiento de la convertibilidad, la derrota de las elecciones legislativas, la interrupción de otorgamientos de fondos por parte del FMI y la prohibición de la extracción de dinero en efectivo de los bancos en sumas de 250 pesos dólares por semana (medida que se conoce como “corralito”) para controlar la fuga de capitales.

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre fueron el corolario de un modelo económico y social inviable para los sectores medios y populares. Mientras los índices de desocupación alcanzaban el 21,5% y la pobreza el 45%, se profundizó la protesta social, las huelgas generales y los “cacerolazos” bajo el lema ¡Que se vayan todos! De la Rúa renunció a su cargo de presidente de la Nación tras imponer, algunas horas antes, el estado de sitio por decreto, suspendiendo las garantías constitucionales (5) y habilitando una violenta represión policial.

Algunas consideraciones finales

El conjunto de medidas implementadas durante el período 1976-2001 generaron la concentración y centralización del capital en grupos económicos y financieros oligopólicos nacionales y acreedores externos, lo que les posibilitó no sólo la obtención de ganancias extraordinarias sino también, la imposición de un discurso hegemónico que restringió las posibilidades de acción política de los sectores subalternos. En este sentido, las reformas estructurales fueron sostenidas y avaladas por el Estado.

Durante la década del ’90, se constituyó una ciudadanía reducida en el ejercicio de sus derechos, lo que implicó un velo de legalidad en la toma de decisiones por parte de un gobierno elegido democráticamente, promoviendo un tipo de ciudadanía nominal o incompleta, en términos de Hugo Quiroga (6), con desigualdades sociales insoportables, la cual quedó excluida de la toma de decisiones y sometida sólo al plano electoral.

Según la socióloga Maristela Svampa, “el neoliberalismo y la globalización producen una individualización social, donde el bienestar ya no es visto como un derecho sino como una oportunidad” (7), en el que los/as ciudadanos/as no son reconocidos/as como sujetos de derechos sino como meros consumidores. En este sentido, es interesante lo que plantea la psicóloga Silvia Bleichmar cuando aborda la idea de “malestar sobrante”, el cual “está dado, básicamente, por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite, de algún modo, avizorar modos de disminución del malestar reinante” (8), lo cual se impone en términos culturales y constituye nuestras subjetividades provocando desánimo, resignación y falta de autonomía y optimismo para remediar problemáticas presentes.

Notas y referencias bibliográficas

(1) Anderson, P. (1999). Neoliberalismo: un balance provisorio. En: E. Sader y P. Gentilli (comps.), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, pp. 11-18. Buenos Aires: CLACSO-EUDEBA.

(2) Bayer, Borón y Gambina. (2010). El Terrorismo de Estado en la Argentina. Apuntes sobre su historia y sus consecuencias. 1ra edición. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria.

(3) Basualdo, E. (2004). Notas sobre la burguesía nacional, el capital extranjero y la oligarquía pampeana. Realidad económica. Revista de Ciencias Sociales, enero (201), pp. 14-23.

(4) Según la CONADEP el 30,2% de los/as detenidos/as desaparecidos/as eran trabajadores/as.

(5) La Constitución argentina establece que la declaración del estado de sitio es una función exclusiva del Congreso de la Nación cuando se encuentra en período de sesiones (art. 75, inc. 29).

(6) Quiroga, H. (1998). El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático. En: Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral. AÑO VIII, N° 14, Santa Fe, p. 25.

(7) Svampa, M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos aires: Taurus. Cap. 1.

(8) Bleichmar, S. (2002). Dolor país. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Fotografía principal: Enrique García Medina

*Marcos Ongini es Profesor de Historia y Ciencias Sociales en establecimientos educativos de nivel medio y superior de la Ciudad de Córdoba. Cursa la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Derechos Humanos (Facultad de Ciencias Sociales, UNC).